La tasa bancaria y los tests de estrés: Momentos de nuevos desacuerdos y de intranquilidad.
17-07-2010
Autor: Universia Knowledge
Los órganos reguladores de los bancos europeos han estado analizando dos iniciativas para tranquilizar aún más a los mercados después de la crisis de la deuda soberana que sacudió el continente y al mundo a principios de año. Una de esas iniciativas, la creación de un impuesto global sobre los bancos, no fue muy bien recibida en el encuentro del G-20 del mes pasado.
La otra, la prueba de estrés a varios bancos de la Unión Europea, se conocerá a finales de este mes. Algunos observadores están preocupados por los posibles resultados de la prueba. Ambas iniciativas pretenden dar mayor transparencia al sistema bancario internacional. Pero las heridas que con ello pretendían cicatrizar todavía quedarán abiertas durante algún tiempo.
La última reunión de los veinte países más ricos, a finales de junio en Toronto, no ha despejado las dudas sobre cuándo, cómo y dónde se aplicará la polémica tasa sobre el sector financiero. La declaración final del G-20 se ha limitado a reiterar que la banca debe compensar los rescates multimillonarios que los Estados han repercutido a sus contribuyentes, pero da libertad absoluta a cada país para decidir cómo grava a sus entidades. Por lo tanto, el planteamiento es todavía muy difuso y reconoce la existencia de escenarios distintos para que la banca “contribuya de manera justa y sustancial” a su propio rescate. Las condiciones están tan poco acotadas que el G-20 ni siquiera se ha reafirmado en los plazos que con anterioridad se habían fijado, y que establecían la aplicación de esta tasa global a partir de 2011.

“La tasa me parece lógica e interesante, ya que el sector ha generado una burbuja que ha sido la base de la crisis que sufrimos. Lo razonable es que las entidades financieras paguen por sus errores. Pero la tasa tiene que estar orientada a evitar el riesgo sistémico”, dice el director del sector financiero de IE Business School, Manuel Romera. No obstante, teme por un excesivo intervensionismo del sector público. “Hablamos de un asunto que lleva coleando 30 años. Es necesario que el mercado esté regulado y que haya una reglas del juego claras, pero debe ser el sector privado el que lo gestione”.
Uno de los mayores problemas a los que se enfrente la propuesta es la falta de consenso. Los países emergentes y Canadá, los que menos han sufrido la crisis internacional, se niegan a que sus bancos soporten más obligaciones. Por lo tanto, uno de los mayores riesgos para los países que tomaran la decisión de seguir adelante con la tasa es dejar a su sistema financiero en situación de inferioridad en términos de competitividad frente a los que renuncian a aplicar el impuesto. En realidad, el fondo de la cuestión es si es justo aplicar la tasa a todos los sistemas financieros, sin distinción entre los sanos y los contaminados. José Vicente Santamaría, profesor de Economía de la Universidad Carlos III, cree que “si se tratara de una especie de tasa de retorno por los anticipos, créditos o subvenciones a fondo perdido que los Estados han otorgado y otorgan a la banca, me parecería correcto”. Y abunda en que “podría introducirse un factor de corrección para no perjudicar a los bancos más eficientes y menos onerosos para las arcas públicas; de tal manera que se aplicase ese principio de que pague más quien más ha recibido”.
En Estados Unidos, incluso el Congreso está siendo poco receptivo a los esfuerzos de Obama para sacar adelante la tasa. La realidad dice que casi todas las entidades han devuelto ya al Estado las ayudas recibidas, con las grandes excepciones de Citigroup y AIG.

España es uno de los grandes partidarios de que el sector financiero financie futuras crisis. En un escenario en el que el mayor riesgo es que cada Estado europeo haga la guerra por su cuenta, el Gobierno español ha dado las primeras indicaciones de cómo se canalizaría el cobro de esta tasa. Aún no hay ni mucho menos un modelo definido, pero la última novedad es que el Gobierno está barajando la posibilidad de que los bancos aumenten su aportación al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) siempre en relación a los riesgos que asuman esas entidades. Lo que en definitiva propone el Gobierno es que eleven la contribución al Fondo desde el actual 0,01% de los depósitos y que paguen más quienes más riesgos adquieran. Otros pasivos como las emisiones de los bancos y los productos del mercado interbancario también podrían verse afectados por la tasa. El Gobierno cree que el FGD necesita una revisión porque ya no responde a las necesidades de un sistema mucho más complejo, con productos cada vez más sofisticados. Bajo la idea subyace la filosofía general defendida también por países como Reino Unido y Francia de que es el sector financiero el que debe hacer el esfuerzo económico que permita garantizar que se puede financiar el coste de una futura crisis.
Respecto al escepticismo de las propias entidades financieras, que temen que si se llega a un acuerdo sobre la aplicación de la tasa cada país la aplique según su propia interpretación, Romera cree que hay que debatir el papel de los reguladores. “Se nos ha olvidado el papel del regulador. Ha estado demasiado callado y es necesario que esté mucho más presente a la hora de fijar las reglas de juego. Hasta ahora, se ha permitido demasiado juego sucio, ha habido demasiado chivo expiatorio”, asegura. Y añade que “es necesario que haya reguladores supranacionales, porque cada país establece sus propias políticas de control y supervisión a través de sus propios bancos centrales. A día de hoy no se ha conseguido una coordinación real porque no se ha trabajado seriamente en esa dirección”.
Mientras, da la sensación de que Toronto ha dado una importancia relativa a la tasa y se ha centrado sobre todo en poner el foco en el ajuste del gasto público. La reducción del déficit público de los 20 países más ricos es ya un compromiso compartido y con fecha en el calendario: 2013.